En el último año, las demandas de la ciudadanía movilizada han sido múltiples y una de las principales dice relación con el correcto desempeño de funcionarios y funcionarias del Estado, asumiendo especial relevancia el cumplimiento de las labores en el marco de la ley y bajo el principio de transparencia. Al respecto, el derecho penal cumple un rol fundamental, pues permite sancionar a funcionarios públicos que incurran en conductas no deseadas.
En principio, los delitos más conocidos en esta materia son aquellos que implican un provecho económico, aún cuando exista todo un estatuto de delitos relacionados con funcionarios públicos. Estos delitos no sólo pueden iniciar procesos penales, sino que también pueden dar apertura a procedimientos administrativos, de modo que es importante conocer de qué tratan, y cuáles son sus aspectos más problemáticos.
